COMISIÓN DE LA MUJER DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

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(Mérida, 05/09/2024).- El martes 5 de septiembre de 2023, Bethy Angulo salió de su casa a trabajar, como todos los días entre semana, pero nunca regresó. Sobre el paradero de esta mujer, esposa, madre y residente de la ciudad de Mérida, no hay ninguna información. Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones del caso cuando ya habían transcurrido más de 72 horas de su desaparición, tiempo en el que se perdieron evidencias valiosas que han podido facilitar su búsqueda.

«Bethy salió a las 7:45 a. m. hacia su trabajo en la Av. Los Próceres, ruta que realizaba todos los días, y que le tomaba 10 minutos completar. Cámaras de seguridad del sitio de trabajo captaron su llegada, pero no su salida», informó a través de Instagram la organización feminista Faldas R. Sin embargo, la demora en el inicio de las investigaciones por parte de las autoridades causó que las cámaras de seguridad de su lugar de trabajo ya no contaran con las imágenes registradas el 5 de septiembre.

El 8 de marzo de este año, tres días después de cumplirse seis meses de su desaparición, su hijo exigió a las autoridades mantener la búsqueda de su madre y no esperar el peor desenlace. «Ella merece ser buscada, tiene que ser buscada y encontrada. No solamente los cuerpos de seguridad deben esperar a que aparezca un cuerpo y digan que lo encontramos… porque la necesitamos viva».

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Desaparición de mujeres no está contemplada como violencia de género en la legislación venezolana

La Comisión de la Mujer de la Universidad de Los Andes (ULA Mujer) y el Observatorio de Derechos Humanos de esta institución (ODH-ULA) han denunciado en informes, reportes y notas de prensa el vacío legal que existe en la legislación venezolana sobre las mujeres que son desaparecidas, una acción que puede constituir un tipo de violencia de género. LaLey Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tipifica 25 formas de violencia contra la mujer, pero no incluye las desapariciones como una de ellas.

México ha sido uno de los países pioneros en establecer delitos con perspectiva de género sobre la desaparición de mujeres. Este país sancionó en 2019 la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México, con el fin de cumplir con la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 2009 sobre el caso conocido como «campo algodonero», en el que se condena al Estado mexicano por la desaparición de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados el 6 de noviembre de 2001 en un campo de algodones de Ciudad Juárez.

Venezuela, en cambio, está en deuda con la sentencia emitida en 2018 por la Corte IDH sobre el caso de Linda Loaiza López Soto, víctima de múltiples formas de violencia contra la mujer, entre ellas la desaparición y el secuestro durante meses. Pese a reformar en diciembre de 2021 la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Estado venezolano no incluyó la desaparición de mujeres como un delito por razones de género.

En 2023, además del caso de Bethy Angulo,  ULA Mujer y el ODH-ULA registraron la desaparición de al menos dos adolescentes —una de 14 y otra de 15 años de edad— en la región andina del país. Ambas fueron rescatadas por cuerpos de seguridad cuando iban a ser víctimas de trata de personas para prostituirlas. A una de ellas la rescataron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando cruzaba bajo amenaza el Puente Internacional Simón Bolívar hacia Colombia.

ULA Mujer y el ODH-ULA exhortan al Estado venezolano a garantizar realmente, tanto en la legislación como en la práctica, el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La actuación tardía de autoridades competentes en los casos de desapariciones de personas constituye una acción revictimizante que pone en peligro la integridad y la vida de las víctimas, donde mujeres y niñas corren mayor riesgo por constituir una población vulnerable.

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