(Mérida, 09/03/2023).- Los resultados de una encuesta hecha por la Comisión de la Universidad de Los Andes contra la Violencia de Género (ULA Mujer) y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) a funcionarios de entes encargados de atender a mujeres víctimas de violencia de género en el estado Mérida muestran que la mayoría no sabe cuáles son sus funciones, pese a que un 65% dijo conocer la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En la encuesta participaron 10 mujeres y 10 hombres adscritos a distintos entes encargados de atender a las víctimas, tales como Policía del estado Mérida, Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y directivos de centros médicos de salud pública, así como estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) del Programa de Formación Integral de Policía. En promedio, los funcionarios consultados tienen ocho años de servicio en sus cargos.
Además de esta encuesta, ULA Mujer y el ODH-ULA entrevistaron a 30 representantes de la sociedad civil del estado Mérida para identificar sus conocimientos sobre violencia de género, organismos encargados de recibir denuncias al respecto, la ley orgánica sobre la materia y el micromachismo. Los entrevistados residen en el municipio Libertador (43%) y el municipio Rivas Dávila (57%). La mayoría, un 70%, son mujeres, y el otro 30% son hombres. Del total de participantes, 63% aseguró haber sido víctimas o conocer mujeres en su entorno que han sido víctimas de violencia de género, pero de ese porcentaje, la mayoría no denunció a sus agresores.
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Desconocimiento del contenido de la ley
Aunque la mayoría de los funcionarios encuestados respondió que sí conocía la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un 35% manifestó no conocerla, pese a ocupar cargos para atender a las víctimas de violencia de género o estarse formando para ello, en el caso de los estudiantes de la UNES. Además de ello, quienes aseguraron conocer la ley, en sus otras respuestas demostraron que no tienen claro el contenido de la misma.
Este desconocimiento de los funcionarios genera inseguridad jurídica en la sociedad y particularmente en las mujeres víctimas de violencia de género, ya que quienes tienen el deber de asistirlas cuando deciden denunciar a sus agresores no saben cómo actuar ni con qué celeridad hacerlo. Adicionalmente, la falta de un conocimiento en profundidad de los delitos que establece la ley podría incidir en la información que los funcionarios proveen al Ministerio Público y sobre el tipo penal presuntamente perpetrado.
En cuanto a los tipos de violencia denunciados con más frecuencia, los encuestados respondieron que destacan principalmente la violencia física, amenazas, acoso u hostigamiento y la violencia sexual. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios que respondieron la encuesta desconocen la terminología utilizada en la ley para la tipificación de la violencia de género. Esto puede crear imprecisiones sobre la debida actuación de los funcionarios, ya que no tienen claro qué evidencias deben recabar para demostrar la vulnerabilidad de las víctimas. La falta de precisión en los delitos que denuncian las víctimas puede aumentar la impunidad, ante la carencia de evidencias de interés criminalístico.
Como consecuencia de lo anterior, 40% de los encuestados reconocieron que desconocen lo que debe contener el expediente que deben remitir al Ministerio Público luego de que reciben una denuncia. Del 60% que aseguró conocer lo que debe contener el expediente, la mayoría dejó en blanco el espacio de la encuesta donde debían indicar ese contenido. Otros escribieron imprecisiones, dejando en evidencia que realmente no tienen conocimiento del procedimiento ni de los requisitos que deben solicitar a las víctimas.
Así mismo, la mayoría de los encuestados no tienen claro en qué casos y a qué centro de salud deben remitir a las víctimas de violencia física o sexual para el respectivo análisis forense. Un 69% de los participantes tampoco conocen el contenido del artículo 89 de la citada ley, en cuyo ordinal 3 se establece que el personal de salud está legitimado para denunciar ante los organismos competentes cuando sus análisis demuestren que una mujer ha sido víctima de violencia. Así mismo, el numeral 7 de dicho artículo consagra que cualquier persona que conozca de un hecho de violencia contra la mujer, está legitimada para denunciar.
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Micromachismo: violencia disimulada presente en la vida cotidiana
La encuesta hecha a representantes de la sociedad civil de Mérida arrojó resultados que demuestran la presencia de actitudes micromachistas en la vida cotidiana como algo lamentablemente normalizado. El micromachismo es el término utilizado para referirse al “conjunto de los comportamientos, prácticas y estrategias cotidianas con las que se ejerce el poder de dominio masculino y que atentan en diversos grados contra la autonomía de las mujeres” (Fundéu, 2018).
Entre las frases que reflejan el micromachismo, 74% de los encuestados afirmaron que han dicho y/o escuchado “tú marido te ayuda en la casa, qué afortunada”. Otro 67% indicó que les es muy común la frase “es tu deber como hombre mantener el hogar”; 63% ha escuchado o dicho “llorar es de niñas”; 59% “manejas como mujer”; 56% “calladita te ves más bonita”; 52% “corres como niña” y 30% la frase dicha a las niñas, en referencia al comportamiento de niños hacia ellas: “si te pega es porque le gustas”.
A partir de los resultados obtenidos en ambas encuestas, ULA Mujer y el ODH-ULA exhortan a los organismos e instituciones competentes a desarrollar políticas y estrategias efectivas que garanticen la debida formación y capacitación de los funcionarios encargados de atender a las mujeres víctimas de violencia de género. Así mismo, el Estado venezolano tiene el deber de promover la educación de la sociedad civil en la materia, desde la niñez hasta la vejez, a fin de combatir estereotipos, acciones y expresiones que minimizan a las mujeres frente a los hombres y causan desde agresiones verbales hasta feminicidios.
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