Resumen ejecutivo
En este informe se documenta y analiza las formas de discriminación racial y las violaciones de derechos humanos que enfrentan comunidades indígenas en zonas rurales de los municipios Libertador, Campo Elías y Sucre del estado Mérida, Venezuela. Elaborado por la Comisión ULA Mujer y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA), el estudio adopta una metodología mixta con enfoque interseccional, centrado especialmente en la voz y experiencia de las mujeres indígenas.
Principales hallazgos: Discriminación estructural persistente: El 85,3% de las personas encuestadas percibe que existe discriminación racial en Venezuela, manifestada en burlas, exclusión institucional, rechazo a la vestimenta e idioma indígena. Graves carencias en servicios básicos: Las comunidades enfrentan ausencia de escuelas, ambulatorios, transporte público, alumbrado, acceso regular a agua potable, electricidad y gas doméstico. Falta de documentación: Un 23% de las personas no posee ningún tipo de documento de identidad, y un 32% desconoce la existencia de la cédula indígena. Obstáculos en educación y salud: La falta de instituciones educativas obliga a niños y jóvenes a caminar largos trayectos para estudiar. La atención médica más cercana se encuentra fuera del alcance inmediato. Invisibilización institucional y revictimización: Las mujeres indígenas enfrentan un sistema institucional que minimiza sus denuncias, reproduce prácticas discriminatorias y carece de protocolos interculturales.
Conclusiones: Las comunidades indígenas del estado Mérida enfrentan una situación de exclusión estructural, marcada por el abandono estatal y la ausencia de políticas públicas con enfoque intercultural. Las mujeres viven una discriminación interseccional agravada por el racismo, el sexismo y la pobreza.
Recomendaciones claves: Al Estado venezolano: garantizar el derecho a la identidad, acceso a servicios básicos, rutas de atención con pertinencia cultural y cumplimiento de obligaciones internacionales. A la sociedad civil: fortalecer redes de defensoras, fomentar procesos de memoria y exigir cumplimiento de derechos. A la cooperación internacional: apoyar programas con enfoque interseccional y territorial, visibilizar a defensoras indígenas y acompañar mecanismos de exigibilidad.
Puede descargar el Informe completo AQUÍ