La mayoría de los casos de violencia contra mujeres registrados en la región andina de Venezuela ocurrieron en entornos familiares, donde los victimarios tienen lazos sanguíneos o son conocidos de las víctimas
(Mérida, 25/11/2023).- En promedio, cada tres días al menos una mujer es víctima directa de violencia basada en género en la región andina de Venezuela. Según datos registrados por la Comisión de la Mujer de la Universidad de Los Andes (ULA Mujer), durante los primeros 10 meses de este año se conocieron públicamente 96 casos de violencia contra mujeres en Mérida (50), Táchira (28) y Trujillo (18).
Estas cifras incluyen los casos de seis mujeres que fueron víctimas de femicidio en esta región del país: Maira Núñez —cuya bebé de seis meses de gestación también falleció—, Neris Teresa Gutiérrez Guerrero, Jéssica Roxana Maldonado González, Rosa Isabel Toca Méndez, Yorgelis Andreina González Rodríguez y María Francisca Froilán de Nava. Tres de ellas fueron asesinadas en el estado Táchira, dos en Trujillo y una en Mérida.
Este 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) y ULA Mujer se unen para visibilizar los casos que constituyen violencia contras las mujeres que residen en los Andes venezolanos, cuyas cifras son extraoficiales —publicadas en medios de comunicación y/o redes sociales— debido a la falta de datos públicos por parte del Estado.
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Mayoría de víctimas tienen más riesgo de vulnerabilidad
De los casos registrados por ULA Mujer destaca que, en la mayoría, las víctimas son mujeres con mayor riesgo de vulnerabilidad: bebés, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, de la tercera edad y/o con alguna discapacidad física o intelectual. Las víctimas de este tipo van desde una bebé de apenas 8 meses de nacida —víctima de violencia física por parte de su padrastro— hasta una adolescente de 17 años con trastorno del espectro autista —víctima de violencia sexual—.
Aunque no constituye un caso de violencia basada en género, ULA Mujer resalta la muerte de Michael Brigitte Jiménez Soto, de 31 años de edad, quien falleció el 19 de abril de este año por no recibir atención médica oportuna en el Centro Penitenciario de Occidente del estado Táchira, donde estaba recluida. Este caso demuestra que el Estado venezolano no garantiza la atención médica de las personas privadas de libertad, que además debe ser diferenciada para las mujeres presas.
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Familiares son los principales victimarios
En la mayoría de los casos de violencia contra la mujer registrados este año por ULA Mujer los victimarios son familiares o personas cercanas a sus víctimas. Niñas y adolescentes son las más violentadas por sus propios padres, abuelos, tíos, padrastros o vecinos. En algunos casos, las madres de las víctimas también sufren violencia por parte de los hombres victimarios, pero muchas de ellas son revictimizadas por el Estado al señalarlas de cómplices e incluso detenerlas junto con sus propios agresores.
Dentro de los casos de violencia contra mujeres cometidos en entornos familiares destaca el abuso sexual, que muchas veces causa embarazos en las víctimas que no pueden interrumpir porque en Venezuela el aborto continúa penalizado en todos los casos, salvo cuando la vida de la madre esté en peligro. La despenalización del aborto es otra deuda pendiente por parte del Estado que revictimiza a mujeres que quedan embarazadas producto de violaciones sexuales.
Desapariciones de mujeres y violencia vicaria: deudas pendientes del Estado
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tipifica 25 formas de violencia contra la mujer, pero no incluye las desapariciones forzadas ni la violencia vicaria. Pese a que continúan ocurriendo casos que constituyen alguno de estos dos tipos de violencia, la legislación venezolana no los contempla como delitos por razones de género.
Al menos dos adolescentes —una de 14 y otra de 15 años de edad— han sido reportadas como desaparecidas en la región andina del país en lo que va de año. Ambas resultaron ser víctimas de redes de trata de personas y fueron posteriormente rescatadas por cuerpos de seguridad. A una de ellas la rescataron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando cruzaba bajo amenaza el Puente Internacional Simón Bolívar hacia Colombia, donde sus victimarios buscaban prostituirla.
La tipificación del delito de la desaparición como otra forma de violencia contra la mujer es una deuda que el Estado venezolano aún no cumple, pese a la sentencia emitida en 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Linda Loaiza López Soto.
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El caso de Naibelys Noel, denunciado por ULA Mujer ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), es uno de los tantos que evidencian las consecuencias de la no consideración de la violencia vicaria como delito en Venezuela. Condenada a una pena de 30 años de cárcel por el infanticidio que cometió su expareja contra su hijo, Naibelys Noel es una víctima del Estado.
El equipo legal del ODH-ULA y ULA Mujer, que representa la defensa judicial de Naibelys Noel, apeló la sentencia condenatoria, cuyo recurso fue admitido por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida. La audiencia oral para apelar la sentencia está fijada para el próximo 5 de diciembre.
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