(Mérida, 01/06/2023).- El 19 de mayo de 2023, en el marco de su 85.º período de sesiones, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) concluyó su consideración del noveno informe periódico de Venezuela, presentado por el régimen de Nicolás Maduro el 9 de junio de 2021. Allí, el régimen muestra su versión de lo ocurrido en el país en la materia desde el año 2014 hasta comienzos de 2021.
Sin embargo, 30 informes alternativos presentados por organizaciones de la sociedad civil demuestran con evidencias que los logros que refiere el documento gubernamental no se constatan en la práctica. Estos informes independientes —22 públicos y 8 privados— fueron considerados por el Cedaw en la elaboración de sus Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, publicadas este martes, 30 de mayo.
Los informes de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellos uno presentado en conjunto entre la Comisión de la Universidad de Los Andes contra la Violencia de Género (ULA Mujer), la Red Mérida Feminista y Juventud Preventiva, muestran que el régimen venezolano viola o no garantiza los derechos humanos de las mujeres en distintas áreas, entre ellas política, legislación, salud, ciencia y educación.
Mujeres en la política: sin paridad en la región andina
Las observaciones del Cedaw sobre Venezuela señalan la falta de paridad de género en la participación en la vida política y pública del país. Al respecto, este comité observa con preocupación que la representación de las mujeres en la Asamblea Nacional venezolana se mantenga en 31 % y que apenas dos mujeres hayan sido elegidas gobernadoras —apenas un 8,3 % del total de gobernadores—. Además, solo en 62 de los 335 municipios que tiene el país (19 %) hay alcaldesas y apenas 9 de los 33 ministerios que tiene el Estado están liderados por mujeres.
Un estudio realizado entre junio y octubre de 2022 por ULA Mujer, en alianza con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) y Epikeia, mostró la discriminación y la violencia políticas que sufren las mujeres en la región andina del país, así como la falta de paridad de género en la ocupación de cargos políticos, tanto de elección popular como los designados por gobernadores.
En los tres estados andinos de Venezuela —Mérida, Táchira y Trujillo— gobiernan hombres, todos pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). “De los principales 15 partidos existentes en el estado Mérida, sólo 5 de ellos son coordinados por mujeres. En relación con las alcaldías, de las 23 correspondientes al estado Mérida, solamente en 2 de ellas hay mujeres alcaldesas (en Rivas Dávila y Andrés Bello)”, detalla el estudio de ULA Mujer. Asimismo, el gobernador de Mérida, Jehyson Guzmán, solo designó a 14 mujeres para encabezar direcciones de su gabinete; en las otras 30 nombró directores hombres.
En el estado Táchira, solo 5 de las 29 alcaldías son lideradas por mujeres: Andrés Bello, Córdoba, José María Vargas, Lobatera y Sucre. En el estado Trujillo, que tiene 20 municipios, también hay solo 5 alcaldesas: en Valera, Rafael Rangel, Juan Vicente Campo Elías, Bolívar y Candelaria. En general, de las 72 alcaldías que suma la región andina del país, solo en 14 gobiernan mujeres. El 81 % del liderazgo municipal está a cargo de hombres y el 100 % de las gobernaciones.
Leer más: [Informe] Mujeres en la región andina de Venezuela: discriminación política y violencia de género
Violencia contra mujeres con liderazgo político en los Andes
El Cedaw también resaltó en sus observaciones “las denuncias de amenazas, intimidaciones y violencia contra las mujeres que ocupan cargos públicos, quienes se ven expuestas a un clima de temor que las desincentiva a participar en la vida política y pública”, precisa el documento de este comité, publicado hasta ahora solo en inglés.
Para el estudio de ULA Mujer referido en el apartado anterior, durante el mes de julio de 2022 se realizó una encuesta a 20 mujeres, de entre 24 y 55 años de edad, que desempeñan cargos de relevancia dentro de partidos políticos y en instituciones estadales de Mérida. El objetivo era conocer si sufren violencia por su rol de liderazgo político o si enfrentan barreras en cuanto a su participación política.
La mitad de las encuestadas manifestó que han sido expuestas o conocen de insinuaciones y/o exhibición de su vida personal y laboral basada en estereotipos y roles de género. Un 40 % aseguró haber sido víctima o conocer casos de mujeres a quienes se les pusieron obstáculos para acceder a un cargo público por estar embarazadas o por tener hijos. 65 % de las encuestadas piensa que con frecuencia hay desestimación, ridiculización y/o descalificación pública hacia propuestas políticas presentadas por mujeres, especialmente cuando están relacionadas con la promoción de sus derechos, y un 60 % afirmó a ver sido víctima o conocer casos de solicitudes a mujeres de favores sexuales a cambio de postulaciones o nombramientos de un cargo público.
“El 100 % de las encuestadas piensa que las mujeres son más propensas a sufrir acoso sexual y/o ser denigradas de manera sexualizada en sus propios partidos políticos y por parte de sus familiares, en comparación con los hombres”, reseña el informe de ULA Mujer.
Leer más: Venezuela cuestionada en la Cedaw
Desconocimiento de funcionarios sobre la ley limita su cumplimiento
Uno de los logros que mostró el régimen venezolano en su noveno informe periódico ante el Cedaw fue la promulgación de leyes centradas en el género, contra la discriminación y la violencia. “El Estado avanzaba en una ley orgánica de la mujer, por una vida libre de violencia. Se habían introducido cuatro nuevas identificaciones legales de la violencia, lo que eleva el total a 25 tipos diferentes de violencia reconocidos”, dice el informe, en referencia a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reformada en diciembre de 2021.
Si bien dicha ley es robusta en algunos aspectos relacionados con la violencia basada en género (VBG), no tipifica como delitos la violencia vicaria ni la desaparición de mujeres por razones de género. Pero lo más preocupante es el desconocimiento del contenido de la ley por parte de los funcionarios que tienen el deber de asistir a las víctimas. No existe un protocolo para atender adecuadamente a las mujeres que sufren VBG, quienes terminan en muchos casos siendo revictimizadas por los propios funcionarios de los entes a los que acuden en busca de ayuda.
Para el informe Derechos de las mujeres, micromachismo y desconocimiento de la ley. Febrero – marzo 2023, elaborado por ULA Mujer con el apoyo del ODH-ULA y Epikeia, se realizó una encuesta a 10 hombres y 10 mujeres, la mayoría de ellos funcionarios o funcionarias adscritos a distintos entes encargados de atender a mujeres víctimas de VBG, con el fin de medir sus conocimientos sobre la referida ley y cómo deben actuar ante los casos que reciben. Otros encuestados eran estudiantes del Programa de Formación Integral de Policía de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
Un 65 % de los encuestados afirmó conocer la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mientras que el otro 35 % manifestó no conocerla, a pesar de que ejercen funciones para atender a las víctimas de VBG o estarse formando para ello, en el caso de los que estudian para ser policías. Sin embargo, quienes afirmaron conocer la ley en otras de sus respuestas mostraron que no tienen claro el contenido de la misma.
Por su parte, 40 % de los encuestados reconoció que desconoce lo que tiene que contener el expediente que deben remitir al Ministerio Público tras recibir una denuncia. Del 60 % que aseguró conocer lo que debe contener el expediente, la mayoría dejó en blanco el espacio de la encuesta donde debían indicar ese contenido.
El caso de Naibelys Noel, víctima de violencia de género y violencia vicaria, es un claro ejemplo de que una legislación no es suficiente para garantizar el debido castigo a la violencia contra las mujeres ni para protegerlas adecuadamente. Este caso fue presentado por ULA Mujer ante el Cedaw debido a la revictimización que le causa el propio sistema de justicia venezolano a Naibelys Noel, al mantenerla presa bajo la acusación, sin pruebas, de complicidad en el asesinato de su hijo a manos de su expareja.
Leer más: Caso de Naibelys Noel fue denunciado ante el Comité Cedaw
Estado venezolano no garantiza la salud de las mujeres
En sus observaciones sobre la salud de las mujeres en Venezuela, el Cedaw señala, entre otras cosas, “la escasez de tratamiento antirretroviral para las mujeres que viven con el VIH/SIDA”. En el informe alternativo conjunto presentado por ULA Mujer, la Red Mérida Feminista y Juventud Preventiva se incluye la identificación de formas de discriminación percibidas o sentidas contra las mujeres que viven con VIH en Venezuela. Juventud Preventiva participó en este estudio por el estado Mérida.
“Las mujeres que viven con VIH y/o afectadas por sida y sus parejas no cuentan con un programa de planificación familiar diferenciada, ni a una distribución y acceso a métodos de barreras de forma continua para la prevención de otras ITS de parte de los Programa de VIH/ITS en las localidades Mérida. El Plan Parto Humanizado, no tiene una cobertura diferenciada para mujeres que viven con VIH”, señala el informe alternativo.
La salud mental de las mujeres que viven en el estado Mérida tampoco es atendida adecuada ni suficientemente por el Estado. Esta entidad del país tiene la mayor tasa de suicidios por estados. Si bien la mayoría de las víctimas son hombres, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) también ha registrado un incremento de suicidios de mujeres.
La Red Mérida Feminista hizo un estudio exploratorio en Mérida para saber sobre la relación entre roles de cuidado y salud mental de las mujeres, así como la afectación de esta última en mujeres víctimas de acoso callejero. Los resultados están reseñados en el informe alternativo presentado ante el Cedaw, en el que además se resalta la insuficiencia de centros públicos de atención a la salud mental en Mérida, donde los pocos que hay se encuentran solo en la capital del estado.
Leer más: En promedio, cada cuatro días una persona se suicida en la región andina de Venezuela
Ciencia y educación: cifras del Estado contrastan con precariedad para estudiar e investigar en Venezuela
Otro de los logros que mostró el régimen venezolano en su informe ante el Cedaw, y que fue reconocido por los expertos de este comité, fue la superioridad de mujeres frente a hombres en cuanto a número de estudiantes de carreras universitarias de ciencias, así como la paridad de género en investigación científica. “Las mujeres también constituían (en 2020) el 54 % de los estudiantes en estudios de materias científicas y el 50 % de los investigadores científicos”, dice el informe gubernamental.
La primera interrogante que se plantea ULA Mujer es el origen de las cifras presentadas por el gobierno, siendo que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología no publican estadísticas oficiales desde 2016, cuando el régimen dejó de presentar ante la Asamblea Nacional la obligatoria memoria y cuenta anual de su gestión.
En todo caso, suponiendo que los porcentajes presentados por el régimen venezolano ante el Cedaw sean ciertos, los mismos no reflejan el estado de precariedad en el que se encuentran las instituciones de educación superior en Venezuela y los centros e institutos de investigación científica. Un informe elaborado por el ODH-ULA y Epikeia en 2020 evidencia el declive de la investigación científica en Venezuela, y otro publicado en 2021 muestra la crítica situación de la investigación en la Universidad de Los Andes.
Durante la pandemia, el ODH-ULA publicó el informe titulado Educación universitaria en Venezuela durante el covid-19 e inviabilidad del Plan “Universidad en casa” Marzo-diciembre de 2020. Allí se refleja cómo la educación superior en el país empeoró durante la cuarentena nacional, situación que no ha mejorado tras el cese de la emergencia sanitaria por coronavirus.
ULA Mujer celebra las observaciones y recomendaciones hechas por el Cedaw al Estado venezolano, tras la toma en cuenta de lo registrado en los 30 informes alternativos elaborados por organizaciones de la sociedad civil venezolana para esta novena evaluación sobre la situación de las mujeres en Venezuela. Además de los aspectos reseñados en esta nota, hay muchos otros sobre los que el Cedaw se pronunció en sus observaciones, que invitamos a leer aquí.
Finalmente, ULA Mujer recuerda que, frente a un Estado que miente y oculta información oficial, la labor de registro y documentación que hacen las organizaciones no gubernamentales es fundamental para dar luces sobre la situación de los derechos humanos en todos los ámbitos. También es responsabilidad de estas hacer seguimiento al desempeño del Estado en la protección de derechos humanos y exigirle su cumplimiento.