COMISIÓN DE LA MUJER DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

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(Mérida, 30/04/2024).- La Comisión de la Universidad de Los Andes contra la Violencia de Género (ULA Mujer) elaboró su más reciente informe sobre la situación de las mujeres que habitan en zonas rurales del estado Mérida. El estudio se hizo con base en datos publicados por organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, así como en los resultados de encuestas aplicadas a 54 mujeres rurales de la entidad.

Esta investigación se realizó en alianza con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA). Su objetivo principal fue diagnosticar y caracterizar la situación de las mujeres rurales de Mérida, con especial atención sobre sus derechos sexuales y reproductivos, salud menstrual, acceso a la justicia y participación e inclusión en las distintas áreas políticas, sociales y económicas de sus comunidades.

Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), las mujeres rurales representan una cuarta parte de la población mundial, cuyos oficios se desempeñan principalmente en el sector agrícola, bien sea como asalariadas o empresarias. Estas mujeres, según la ONU, «garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático». Desde 2008, cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales.

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Contexto general de las mujeres rurales en Venezuela

La ausencia de datos públicos en Venezuela impide acceder a información oficial sobre la situación de las mujeres que habitan en las zonas rurales del país. Sin embargo, como en tantas otras áreas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil se han encargado de generar información sobre esta población, al menos en algunas zonas rurales de la nación.

El Foro Rural Venezolano (FRV) es una de esas organizaciones dedicadas al estudio de la población rural en el país. Según datos de 2022 aportados por esta ONG, en Venezuela hay 3.941.545 pobladores rurales, de los cuales 1.802.097 son mujeres. «La mujer venezolana representa el 48 % de la mano de obra en nuestro reducido campo productivo y la sociedad venezolana no tiene conciencia de la importancia de este dato cuantitativo de impacto cualitativo», dijo en una entrevista a El Universal la vicepresidenta de esta organización, Maribel Guédez.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de la Mujer Rural, creado en 2021 por la ONG Acción por Venezuela, se encarga de recolectar información sobre la situación socioeconómica de las mujeres que viven en zonas rurales de los estados Miranda y Lara. Este observatorio «visibiliza las asimetrías, las barreras de discriminación y los escenarios de exclusión que impiden a las mujeres disfrutar de una vida digna y sus derechos», refiere el más reciente informe de ULA Mujer.

Los resultados de una encuesta hecha en 2021 por el Observatorio Venezolano de la Mujer Rural a 419 mujeres, de entre 15 y 50 años de edad que habitan en la zona rural de El Hatillo, estado Miranda, mostraron, entre otras cosas, una generalización de la pobreza menstrual y falta de acceso a servicios sanitarios para ellas. La encuesta también señala que, en la mayoría de los hogares rurales consultados, no hay acceso a internet ni tienen computadoras. «Esta situación agrava o agudiza las brechas en la educación, más aún cuando se registra una pandemia que obligó a los colegios a cerrar sus puertas trasladando el mayor peso del aprendizaje de los niños a los hogares», agrega el informe de ULA Mujer.

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Situación familiar, educativa y económica de las mujeres rurales en Mérida: una aproximación

La encuesta diseñada por ULA Mujer se aplicó durante el mes de marzo de 2024. La respondieron de forma anónima 54 mujeres que viven en cinco zonas rurales de cuatro municipios del estado Mérida: población indígena Quinanoque, municipio Sucre; Mucuchíes, municipio Rangel; sector El Valle, municipio Libertador; y los sectores Los Espinos y Bodoque, municipio Rivas Dávila. El objetivo era conocer y analizar la situación de estas mujeres en cuanto a características generales de la población donde habitan, sus derechos sexuales y reproductivos, su salud menstrual, su acceso a la justicia, participación e inclusión política, económica y social.

«Las edades de las mujeres encuestadas oscilan entre los 11 y 67 años. De las encuestadas, 34 % pertenecen al rango de edad entre 25 y 34 años; 34 % de 35 a 49 años; 14 % de 50 a 68 años; 10 % de 18 a 24 años y 8 % de 10 a 17 años», detalla el informe de ULA Mujer. La mayoría de estas mujeres tienen hijos (70 %) y casi la mitad (48 %) vive junto a una pareja, ya sea en matrimonio o en unión libre.

Los resultados sobre nivel educativo mostraron que la mayoría tiene estudios completos de secundaria (41 %) y universitarios (30 %), mientras que 22 % cursaron estudios técnicos y 3 % culminaron la educación básica. Apenas 2 % contestó no haber cursado ningún tipo de estudio formal y otro 2 % no respondió esta pregunta.

«En cuanto al acceso al trabajo, 36 % se dedica a tareas del hogar; 26 % trabaja en el sector público; 16 % indicó que no trabaja; 11 % indicó que trabaja de forma particular; 9 % trabaja en el sector privado y 2 % de las encuestadas no respondió la pregunta», precisa el informe de ULA Mujer.

En el aspecto económico se evidencia pobreza salarial en un 35 % de las encuestadas, quienes indicaron que su sueldo mensual es el mínimo establecido por el gobierno, de apenas 3,56 dólares a la tasa oficial del 30 de abril. Sin embargo, 62 % de las encuestadas respondió que sienten que tienen autonomía económica, al señalar que gozan de sus ingresos y no dependen de terceros para cubrir sus necesidades.

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Salud sexual, reproductiva y menstrual

Si bien 85 % de las encuestadas afirmó haber recibido información y conocer cómo se utilizan los métodos anticonceptivos, 41 % indicó que no los usan, pese a que 62 % de estas mujeres manifestaron estar sexualmente activas. Esto puede deberse a que solo 12 % de las encuestadas indicaron que tenían acceso a anticonceptivos.

También en relación con su salud sexual se les preguntó si tenían conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual (ITS): 91 % contestó que sabe de qué se trata y 79 % aseguró que no ha padecido ninguna de ellas, mientras que 17 % dijo que sí ha tenido alguna ITS y 4 % no respondió a esta pregunta. Cabe acotar aquí que 12 % de las encuestadas indicaron que nunca habían ido a una consulta ginecológica.

En cuanto a educación en salud e higiene menstrual, 73 % de las encuestadas afirmaron haber recibido información y educación sobre el tema. «54 % utiliza como producto para la higiene menstrual las toallas sanitarias; 5 % los tampones y 4 % la copa menstrual», detalla ULA Mujer. La mayoría de estas mujeres (79 %) respondió que en sus hogares sí se prevé la compra de productos de higiene menstrual como prioridad.

«A las encuestadas se les preguntó sobre si se ven afectadas por la falta de productos de higiene menstrual en sus funciones diarias, como trabajo o estudios: 53 % respondió que no; 30 % indicó que sí y 17 % no respondió. El 78 % afirmó que tiene acceso a agua de forma continua en sus hogares y lugares de trabajo», señala ULA Mujer.

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Violencia basada en género, acceso a la justicia, participación e inclusión social

El 90 % de las encuestadas contestó que saben qué es la violencia basada en género y 62 % afirmó conocer la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. «Sin embargo, al preguntar sobre qué tipo de violencias conocen, de las 25 formas de violencia estipuladas en la ley, solo identifican mayoritariamente la violencia psicológica, física y sexual, que representa solo el 12 % de las formas de violencia determinadas en la ley», explica el informe de ULA Mujer.

Poco más de la mitad (54 %) de las encuestadas aseguró conocer los lugares en sus comunidades donde se reciben denuncias en casos de violencia basada en género. Además, 50 % de ellas respondieron que se sentirían seguras de ir a denunciar alguna situación de violencia en los órganos receptores de denuncia, pero 37 % dijo que no se sentiría segura y 13 % no respondió a esta pregunta. «El 56 % de las encuestadas indicó que ha sufrido o conoce a mujeres víctimas de violencia por su género», apunta ULA Mujer.

Sobre sus derechos informativos, que son fundamentales para garantizar su derecho a la participación e inclusión social, 62 % de las encuestadas respondió que tiene acceso a información confiable en su comunidad. «El principal medio de comunicación señalado en la encuesta son medios informativos a través de las redes sociales (54 %), radio (21 %), televisión (16 %) y otros (5 %). Un 4 % no respondió», indica ULA Mujer.

La última parte de la encuesta buscó conocer la situación de la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en las comunidades consultadas. Al respecto, 89 % negó formar parte de algún grupo que brinde apoyo a la mujer en los ámbitos económico, social u otros. Asimismo, «60 % indicó que en sus comunidades no existen programas para fomentar la participación de las mujeres en los procesos ciudadanos, pese a que 57 % de las encuestadas sí se sienten incluidas en la toma de decisiones dentro de los espacios comunitarios, laborales, académicos y personales donde se desenvuelven», explica ULA Mujer.

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Invertir en las mujeres para acelerar el progreso

Los resultados de la encuesta aplicada por ULA Mujer evidencian que las políticas del Gobierno venezolano para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y los estereotipos de género no han sido suficientes en las zonas rurales de Mérida. De igual forma, en estos sectores el acceso a la salud para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es precario, cuando no inexistente.

Aunque el 8 de marzo de 2023 Nicolás Maduro anunció la creación de la «Gran Misión Mujer Venezuela» como un organismo articulador de políticas y programas sociales para impactar positivamente en la vida de las mujeres venezolanas, ninguna de las 54 mujeres encuestadas por ULA Mujer indicó conocer esta Misión. Esto evidencia que, tras más de un año de su anuncio, la misma no ha llegado a todos los rincones del país.

Por todo esto, ULA Mujer y el ODH-ULA exhortan al Estado venezolano a cumplir con el lema del Día Internacional de la Mujer 2024: «Invertir en las mujeres, acelerar el progreso». La organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres) recuerda que alcanzar estas metas forma parte integral de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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