(Mérida, 29/10/2021).- 207 mujeres fueron asesinadas por razones de género en Venezuela durante los primeros nueve meses de 2021. Otras 41 no fallecieron, pero sus agresores intentaron matarlas. En promedio, cada 26 horas una mujer fue víctima de femicidio o de intento de femicidio, mientras que cada 31 horas una de ellas falleció víctima de su agresor masculino.
Estas estadísticas fueron parte de la información presentada por organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que fuera la primera audiencia específica sobre la situación de derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela, que se realizó ayer, 28 de octubre, en el marco del 181° período de sesiones de la CIDH.
Ocho representantes de organizaciones no gubernamentales venezolanas participaron esta audiencia inédita. Afectación diferenciada de la Emergencia Humanitaria Compleja, revictimizaciones, falta de protección y amparo por parte del Estado, ausencia de cifras oficiales, abortos inseguros, muertes maternas e invisibilización de la comunidad LGTBIQ+ fueron algunos de los temas presentados por las participantes.
La Comisión ULA Mujer y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) celebran esta histórica oportunidad que permitió evidenciar las distintas violaciones de los derechos humanos de las mujeres que ocurren en Venezuela, donde esta población es víctima no solo de sus agresores directos, sino de un Estado que lejos de protegerlas, en muchas ocasiones las revictimiza.
Femicidios y violencia psicológica
Carolina Godoy, coordinadora de género del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), se refirió específicamente a los casos de asesinatos por violencia de género ocurridos en Venezuela y registrados por el Observatorio Digital de Femicidios, que forma parte de dicha organización. Entre enero y septiembre de este 2021, un total de 241 mujeres fueron asesinadas por motivos de género, mientras que otras 41 no murieron, pero fueron víctimas de intentos de femicidio.
El 10% de esos femicidios ocurrieron en la región andina del país. La Comisión ULA Mujer ha registrado un total de 24 muertes violentas de mujeres en los estados Mérida (10), Táchira (7) y Trujillo (7). 21 de esos casos fueron tipificados como femicidios por las autoridades competentes. De los otros tres, uno se trató de un transfemicido, cuya víctima fue una mujer transgénero, mientras que los otros dos aún no han sido esclarecidos por los órganos de justicia.
Ofelia Álvarez, presidenta de Fundamujer, dedicó su intervención a señalar los rasgos comunes que presentan los casos de atención psicosocial que ha atendido esta organización. Entre ellos, casos de mujeres que son víctimas de violencia de género dentro de su hogar, siendo sus agresores no solo sus parejas masculinas, sino padres, hermanos u otros familiares, a quienes pese al maltrato, deben atender y servir. Álvarez también se refirió a la falta de atención oportuna de denuncias en Venezuela para prevenir el femicidio.
Politizadas y sin justicia
Gabriela Buada, en representación de la alianza Con ellas, habló, entre otras cosas, sobre cómo la Emergencia Humanitaria Compleja que vive Venezuela afecta de manera diferenciada y más dramática a las mujeres, quienes lidian con la falta de acceso a servicios básicos y la escasez de alimentos diariamente, entre otras precariedades.
Buada hizo énfasis en que el principal problema es la falta de un enfoque de género por parte del Estado en el desarrollo de sus políticas. “El último Plan de la patria cita apenas algunas referencias al enfoque de género, que no garantizan derechos concretos y que solo se politiza, al hacer referencia a las mujeres como víctimas de la llamada guerra económica”, señaló la activista.
Por su parte Diyuly Chourio, presidenta de la Fundación Vida Jurídica, se refirió a las cuatro fallas principales que, según las investigaciones de esta organización, tiene el sistema de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres. Desprotección e invisibilización de las medidas cautelares hacia las víctimas al momento de solicitar justicia y protección; ausencia y no garantía de respuestas en un procedimiento digno y justo; falta de formación con perspectiva de género bajo una mirada transversal dentro del sistema judicial penal; y la no visibilidad de los datos estadísticos.
Chourio agregó que en Venezuela las mujeres que sufren violencia de género son revictimizadas al momento de denunciar. “Siete de cada 10 no denuncia por miedo a que no le crean”, dijo la abogada y activista. Aunado a ello, Chourio señaló que las mujeres que habitan en zonas rurales del país tienen más dificultades para denunciar a sus agresores, debido a que no pueden trasladarse a las instituciones competentes por la falta de gasolina y transporte y, cuando pueden hacerlo, las atienden funcionarios que no tienen formación en derechos humanos ni en violencia de género. En ocasiones no tienen ni papel para transcribir la denuncia de las víctimas, agregó Chourio.
Violación de derechos sexuales y reproductivos
ULA Mujer y el ODH-ULA celebran que una organización andina haya participado en la referida audiencia de la CIDH. Venus Faddoul, directora de 100% Estrógeno, se refirió a dos casos concretos de violaciones de derechos humanos de las mujeres ocurridos en el estado Mérida. Uno de ellos es el de la docente Vannesa Rosales, quien estuvo presa y fue acusada por ayudar a abortar a una adolescente de 13 años víctima de violación.
Por su parte Melanie Agrinzones, activista de Uquira, habló sobre la falta de leyes que protejan los derechos humanos de las personas transgénero, quienes ni siquiera cuentan con su derecho a la identidad en Venezuela. Señaló que esta población no cuenta con legislación para ejercer el trabajo sexual, al que algunas personas trans acuden por discriminación para hacer otras labores. Tampoco tienen acceso a hormonas por su escasez y alto costo. Este 2021, Uquira ha documentado cuatro casos de transfemicidio.
Magdymar León, presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), centró su intervención en el aumento de muertes maternas y la escasez de anticonceptivos como dos de las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos que más se han agudizado en Venezuela. Entre 2013 y 2018 aumentaron en un 91% las muertes maternas en la Maternidad Concepción Palacios de Caracas, indicó León. Así mismo, 90% de las mujeres de entre 14 y 49 años de edad no tienen acceso a anticonceptivos que les permitan la planificación de sus embarazos. León recordó, a propósito de esto, que Veneuela tiene la tercera tasa más alta de embarazos de adolescentes en América Latina.
Para cerrar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en esta audiencia, Selena Soto, miembro de Women’s Link Worldwide (WLW), recordó que es obligación del Estado venezolano cumplir con lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, que Venezuela firmó.
La Comisión ULA Mujer y el ODH-ULA se suman al petitorio hecho por las organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos de la mujeres a la CIDH en esta audiencia, para que la observación internacional de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela se haga con perspectiva de género, atendiendo las particularidades de la población femenina y las comunidades LGTBIQ+, mayormente vulnerables en nuestro contexto.